Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Boletines de Prensa 2011

Gran Jurado Formaliza Acusación contra 34 Sospechosos de Tráfico Organizado de Drogas y Armas

PHOENIX – Mediante “Grandes Jurados”, se han formalizado acusaciones de múltiples cargos en dos casos en contra de 28 sospechosos acusados de coadyuvar a organizaciones narcotraficantes mexicanas con el tráfico ilegal de armas de fuego.

Esta mañana, una fuerza de tarea formada por varias agencias de procuración de justicia, cercó y arrestó a más de 20 sospechosos, acusados de 53 cargos según se divulgó esta mañana. Más de 100 agentes participaron en esta operación.
En casos paralelos, otras 14 personas han sido imputadas con cargos de tráfico de armas en el Distrito de Arizona, bajo una serie de procesos de Grandes Jurados que han sido recientemente divulgados. Los acusados en estos casos esperan juicio.

“Nuestra oficina está comprometida a parar el flujo ilegal de armas hacia México”, dijo Dennis K. Burke, Procurador del Distrito de Arizona. “El tamaño masivo de esta operación tristemente ejemplifica la magnitud del problema: los capos de los cárteles mexicanos se van de ‘shopping’ por armas a Arizona”.

El proceso Avila alega que desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010, los acusados conspiraron para comprar cientos de armas de fuego, incluyendo AK-47s, para ser ilegalmente exportados a México. Los sospechosos, ninguno de los cuales tiene licencia de comerciante en armas, actuaron como prestanombres al declarar que compraban armas para ellos mismos. Los AK-47s están considerados como el “arma favorita” de las cárteles mexicanos.

“Esta investigación es prueba de los continuos esfuerzos de los cárteles mexicanos de la droga, especialmente del cártel de Sinaloa, de adquirir ilegalmente armas en grandes cantidades en Arizona y en otras partes de los E.U. para usar en su guerra por las drogas en México” dijo Bill Newell, Agente Especial a cargo de la División de Campo de Phoenix del ATF. “Esta investigación también es prueba de que los prestanombres compradores de armas, continúan siendo un problema significativo, y que esos individuos, que a sabiendas falsifican formatos del ATF para comprar armas y proveer a los cárteles de la droga mexicanos, tienen tanta sangre en sus manos como los criminales que las usan”.

Los traficantes de armas generalmente usan prestanombres para comprar armas de distribuidores legales. Es ilegal que un comprador declare falsamente que va a comprar armas de uso personal cuando, de hecho, compra las armas para alguien más.

Las operaciones fueron conducidas por una fuerza de tarea compuesta por varias agencias organizada por la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (OCDETF). La principal misión del programa de la OCDETF es identificar, trastornar y desmantelar a las organizaciones traficantes de drogas, armas y lavado de dinero más peligrosas, así como a aquellas que son responsables de proveer de drogas ilegales a la nación.

Los procesos del Gran Jurado son el resultado de investigaciones multiagencia que involucran al Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Agencia de Aduanas, el Servicio de Recolección de Impuestos, la Agencia anti Drogas, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Policía.

“La fuerza de tarea OCDETF refleja el tipo de procuración de justicia colaborativa que mejor nos posiciona para combatir a los cárteles de la droga mexicanos responsables de la plaga internacional del tráfico de drogas y la violencia que esto acarrea, así como el tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción”, dijo el Agente Especial de la DEA a Cargo, Doug Coleman. “Esta fuerza de tarea multiagencia, que ayudó a identificar y desmantelar a miembros clave de esta organización criminal, así como a remover gran cantidad de su arsenal, es una herramienta probada de procuración de justicia para hacer frente a los retos que encaramos a lo largo de la frontera suroeste”.
“La avaricia es amiga de los investigadores financieros. Nos permite rastrear las transacciones financieras de negocios ilícitos y descubrir a los individuos involucrados”, aseguró Gabriel Gurcham, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Servicio de Recolección de Impuestos (IRS). “A través del esfuerzo conjunto de las agencias involucradas con el OCTDETF y la Oficina del Procurador General de Estados Unidos, los agentes documentaron las transacciones de esta organización. Por ejemplo, la acusación indica que siete individuos presuntamente gastaron un aproximado de 104,251 dólares en efectivo en varias armerías localizadas en Phoenix con el fin de adquirir 140 armas de fuego. La organización utilizó prestanombres compradores de armas para ocultar al verdadero comprador, y la fuente de los recursos que fueron utilizados para adquirir este armamento”.
El proceso Avila sostiene cargos de conspiración, uno por manejo de armas de fuego sin licencia, un cargo por conspiración para la distribución de marihuana, dos cargos por posesión con intención de distribuir marihuana, un cargo de conspiración para poseer un arma de fuego en agravante a una ofensa de narcotráfico, 35 cargos por hacer declaraciones falsas relacionadas con la adquisición de armas de fuego, un cargo por conspiración para lavar dinero, y 11 cargos por lavado de dinero.
El proceso Flores sostiene un cargo de conspiración y 17 cargos de hacer declaraciones falsas al momento de comprar un arma. Este proceso incluye a 8 individuos que se prestaron para la adquisición de aproximadamente 58 armas de fuego.

El proceso Broome presenta un cargo de conspiración y 13 cargos de hacer declaraciones falsas durante la compra de armas de fuego. Este proceso incluye a cuatro sospechosos implicados en prestarse a múltiples compras para la adquisición de 58 armas de fuego.
El proceso Aguilar presenta un cargo a un individuo por hacer declaraciones falsas durante la adquisición de un arma de fuego.
El proceso Abarca presenta 6 cargos por hacer declaraciones falsas durante la adquisición de armas de fuego. El proceso sostiene que el acusado se prestó a múltiples compras para la adquisición de 13 armas de fuego, de las cuales 6 eran del tipo AK47.

Las penas máximas por algunos de los cargos más graves incluyen:
Apartado 18 del Código de los Estados Unidos, sección 924(a)(1)(A); Declaraciones falsas en relación a la adquisición de armas de fuego. Cinco años en prisión, y/o fianza de 250,000 dólares; acusaciones de 7 a 41 en el proceso Avila.

Apartado 18 del Código de los Estados Unidos, sección 924(o); Conspiración para poseer armas de fuego como agravante del tráfico de drogas. Veinte años en prisión, 250,000 dólares o ambos; 6 acusaciones en el proceso Ávila.

Apartado 18 del Código de los Estados Unidos, sección 371; conspiración: 5 años en prisión, 250,000 dólares o ambos. Un cargo en el proceso Avila (los objetos de conspiración son presuntamente la declaración falsa para adquirir armas de fuego para venderlas sin licencia, así como transportarlas y embarcarlas fuera de los Estados Unidos).

Al determinar las sentencias, el Juez de Distrito consultará la guía de sentencias de los Estados Unidos que provee de rangos de sentencia adecuados. Sin embargo, el juez no está limitado por esas guías al determinar la sentencia.

Un proceso es simplemente el método por el cual a una persona se le imputan cargos de actividad criminal y no involucra ni infiere culpa alguna. Un individuo se presume inocente hasta que lo contrario sea demostrado por evidencia competente ante un jurado, y no deje lugar a duda razonable.

Estos casos están siendo procesados por la Oficina del Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona y por la fiscal Laura Gwinn de la Unidad de Pandillas de la División Criminal del Departamento de Justicia.